lunes, 24 de octubre de 2016

EL PUNTO FINAL NO SE PUEDE PONER DONDE SE QUIERA


El 21, en Archena, debatiendo sobre la Ley de Memoria Histórica, en representación de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, cité a Celia Amorós afirmando que "No se puede poner donde se quiera el punto final".
Me encontraba en la mesa junto a Diego Jiménez, que representaba a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Murcia, en un acto organizado por el Ateneo Villa de Archena y que moderó José Ángel Herrero, presidente de la Comisión Gestora de la Federación de Asociaciones Memorialistas de nuestra región, y tras la intervención de Diego, que expuso los antecedentes de la ley y analizó su articulado, planteé que las asociaciones memorialistas no nos sentimos satisfechas con la promulgación de esa ley.

No podemos sentirnos satisfechas porque no reconoce los derechos ni cumple con ninguna de las exigencias de las víctimas de la represión franquista. La ley no proporciona VERDAD, no proporciona JUSTICIA, no proporciona REPARACIÓN.

Recalqué que durante la Transición se perdió la oportunidad de reparar a las víctimas del franquismo, y de igual modo se volvió a perder con la Ley de Memoria Histórica, una ley que supuso para el Estado un paso atrás, al no asumir ninguna responsabilidad por los crímenes que se cometieron durante la guerra civil y el franquismo.
Con su promulgación se podrían haber cerrado definitivamente las heridas provocadas por los crímenes que el sistema judicial estableció para perseguir a los opositores del régimen, pero no se hizo porque no se dieron los pasos significativos para resarcir a las víctimas, ignorando el Convenio para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, y no estableciéndose la anulación de las condenas dictadas tras juicios injustos.

Tras hacer mención a las advertencias de Amnistía Internacional sobre que con el proyecto de ley caminábamos hacia una "Ley de Punto Final" y la forma en que el gobierno demostró su falta de voluntad política para garantizar los derechos de las víctimas, en una intervención que no voy a repetir aquí debido a su extensión, hablé sobre los mimbres con que se tejió el actual cesto de la mal llamada "Ley de Memoria Histórica", que por haber nacido mutilada anuló las posibilidades de reconciliación que se podrían haber derivado de la consecución de las ansias de reparación, pero éstas no se alcanzaron.

Cité después a Celia Amorós, cuando en su artículo "Perdón e inscripción" planteó que "Una deuda debe ser satisfecha para despertar entre deudores y acreedores la posibilidad de alianza, porque para conmutar ofensas hay que constatar y contrastar inscripciones", Así, afirmó que el punto final no se puede poner donde uno quiera.

Frente a nuestras reivindicaciones se pronuncian palabras como dignidad, concordia, conciliación, capacidad de reconciliación... hermosas palabras prostituidas por los labios de quienes hoy las pronuncian en un intento de disimular lo indisimulable: que nunca olvidaron su espíritu revanchista, que permanecieron hasta hoy agazapados en sus posiciones pseudodemocráticas, en espera del momento que sabían que, al final, llegaría: el momento de la involución.

Quienes hoy ejercen el poder son los mismos que lo ejercitaron ayer, y están volviendo a pasos agigantados a su postura de ayer como implacables violadores de los derechos humanos, como autores de una legislación represiva, como artífices de un sistema económico injusto que condena a la miseria a la mayoría de la población, y de un sistema judicial que persigue a quienes se le oponen.

El gobierno socialista de Zapatero, promulgó en 2007 una ley, la de la Memoria Histórica, que además de no reconocer la condición jurídica de las víctimas del franquismo, relega al ámbito familiar o grupal su memoria individual y colectiva, dejando en manos privadas las exhumaciones de los asesinados –que borran las huellas judiciales de los crímenes al tratarse de exhumaciones extrajudiciales- sirviendo de coartada para la vigencia de una ley de impunidad y de punto final, como es la ley de Amnistía de 1977, en pleno vigor en la actualidad, y cuyo ejemplo lo tenemos en lo que ocurre con los franquistas reclamados por la QUERELLA ARGENTINA

Poco más añadí después de eso, salvo que las asociaciones memorialistas nos encontramos constantemente con los palos que ponen a nuestras ruedas las instituciones, porque los herederos del régimen dictatorial no tienen una auténtica ley de reparación a las víctimas del franquismo que se les oponga. La Ley de Memoria Histórica es una ley que no satisface a nadie, pero mientras que conseguimos su sustitución por una norma que realmente nos lleve a la auténtica reparación a las víctimas del franquismo, podemos recurrir a a ella  para conseguir unas mínimas reivindicaciones, como, por ejemplo, la desaparición de los símbolos, y unir a las pocas posibilidades que nos ofrece para conseguir nuestros logros, el entusiasmo y la fuerza que ponemos en nuestra lucha. Y así, de este modo, es como tenemos que continuar.