Ya se puede consultar en una página web el mapa de las fosas comunes de la guerra civil

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/ya-se-puede-consultar-pagina-web-del-gobierno-mapa-fosas-comunes-guerra-civil/1092223/

LEY EN NAVARRA SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

POR FIN UNA BUENA NOTICIA RELACIONADA CON LA MEMORIA HISTÓRICA:

Comunidad Foral de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, nº 233, de 4 de diciembre de 2013:

LEY FORAL 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.

LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:

LEY FORAL DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN MORAL DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS NAVARROS ASESINADOS Y VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN A RAÍZ DEL GOLPE MILITAR DE 1936.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Reconocer una injusticia y proteger a sus víctimas debe ser un objetivo prioritario para los poderes públicos en un Estado de derecho. Por ello es trascendental reparar el daño causado, reconocer la situación de indefensión y poner todos los medios al alcance para restituir, reconocer, recordar y recuperar.

En Navarra las víctimas del franquismo sufrieron una desprotección efectiva por parte de las Instituciones Forales hasta el 10 de marzo del año 2003, fecha en la que, a instancias de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra y la Asociación Pueblo de las Viudas, se aprobó la “Declaración del Parlamento de Navarra en pro del reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros fusilados a raíz del golpe militar de 1936.” Esta declaración supuso un hito en el reconocimiento a las víctimas del golpe de estado de 1936, pero sobre todo supuso un salto cualitativo a nivel institucional, continuador de los primeros pasos dados por varios ayuntamientos y concejos navarros por reconocer y subrayar los derechos de las víctimas del franquismo a la verdad, la reparación y la justicia.

En Navarra, es preciso recordar, no hubo Guerra Civil, no existieron dos bandos enfrentados en dos trincheras bélicas. En la Comunidad Foral simplemente por pensar diferente más de 3.400 personas fueron asesinadas, y es objeto de esta Ley Foral reparar en la medida de lo posible ese daño y rectificar años de olvido institucional.

Hay que tener en cuenta que todas las guerras civiles provocan un desequilibrio de la memoria porque los vencedores imponen sus símbolos, sus estandartes, sus leyes por encima de los vencidos. Pero en unos años, en la mayoría de las sociedades, se produce una reconciliación, un acercamiento, así que el desequilibrio de la memoria no tarda en desaparecer. En España, sin embargo, a la Guerra Civil le sucedió una larga dictadura y por lo tanto un desequilibrio enorme entre la memoria de los vencedores y la de los vencidos.

La única versión oficial de lo ocurrido fue la producida y transmitida a la sociedad española por el régimen instaurado en 1939. Como indica además el informe de Amnistía Internacional del 18 de julio de 2005, “concluido el régimen franquista, tales crímenes no fueron objeto de esclarecimiento imparcial, ni fueron tomados en cuenta los derechos de las víctimas que habían sido privadas de reparación”.

Además del asesinato, los familiares de los asesinados tuvieron que sufrir un sinfín de penurias, a las humillaciones propias de una dictadura debieron añadir la desaparición de sus familiares. Y este es precisamente uno de los objetivos y fundamentos principales de esta Ley Foral; evitar en la medida de lo posible la persistencia de la desaparición de personas que fueron ejecutadas en aquella época. Una Comunidad como la de Navarra no puede ni debe abstraerse de ese problema humanitario, de ahí que en esta Ley Foral se desarrollen las medidas de protección y búsqueda de esas personas desaparecidas.

La recuperación de la memoria histórica en Navarra todavía no ha culminado. Como hechos significativos de este proceso cabe destacar la labor realizada por los propios familiares de las víctimas, los diversos grupos de apoyo a la recuperación de la memoria surgidos en Navarra de forma espontánea, las numerosas investigaciones y publicaciones esclarecedoras de los hechos acontecidos durante el período en cuestión, los homenajes y reconocimientos populares a las víctimas realizados en Navarra y el establecimiento de un parque referencial sobre la Memoria en Sartaguda. Durante estos años, tal y como se reconoce en la Declaración institucional del 10 de marzo de 2003, “tras la muerte del dictador Franco, en muchos casos, los familiares y amigos de los asesinados desenterraron los cadáveres de cunetas, descampados y tapias. Lo hicieron a la luz del día, con el cariño y la dignidad de sus allegados, pero sin el reconocimiento oficial.” El Dictamen aprobado por el Parlamento de Navarra en abril de este año 2013, apoyado de forma unánime por todos los Grupos Parlamentarios en la Ponencia sobre las víctimas del 36, constituye el último referente hasta el momento en el camino de la rehabilitación de dichas víctimas.

Es preciso por ello subrayar que cuando las asociaciones que han agrupado a los familiares de los fusilados de Navarra han realizado tareas de búsqueda y localización de los cuerpos desaparecidos, en los últimos años con ayuda oficial, no han solventado un problema particular, sino que han encarado un problema colectivo, del conjunto de la sociedad, de nuestro imaginario colectivo, de nuestra memoria democrática. En definitiva, estas asociaciones, ya desde la década de los 70, han venido a suplir una tarea que debiera haber sido abordada por las instituciones públicas.

En este sentido, la Resolución de Naciones Unidas 47/133 (adoptada en la Asamblea General celebrada el 18 de diciembre de 1992) aprobó la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señalando que las desapariciones forzadas afectan a los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad. Esta Resolución no solo implica la prevención y eliminación de las desapariciones forzadas, sino que se extiende, asimismo, a las investigaciones oportunas en cuanto se tenga conocimiento de personas desaparecidas sin que el tiempo transcurrido desde que se produjo la desaparición suponga obstáculo alguno.

Esta Ley Foral, por lo tanto, no sólo responde a una obligación humanitaria de proteger a las víctimas de la Dictadura franquista sino que además atiende a lo manifestado en la ya mencionada “Declaración de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros fusilados a raíz del golpe militar de 1936”, aprobada el 10 de marzo de 2003, a lo concretado por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil, y a lo manifestado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en París el 17 de marzo de 2006, en la que se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos cometidas en España entre los años 1936 y 1975.

La presente Ley Foral en el conjunto del Título I pretende establecer el ámbito de protección, el procedimiento y los mecanismos oportunos para abordar el complicado fenómeno de las fosas y las desapariciones.

Para ello, se determina la actualización y mantenimiento del mapa de fosas de Navarra que debe estar en continua renovación.

Además, uno de los objetivos de la existencia del mapa de fosas de Navarra es dar a conocer a la sociedad esa realidad y contribuir al esclarecimiento de la verdad. A tal fin se deberán poner en marcha los mecanismos necesarios para el establecimiento de medidas encaminadas a la protección y preservación de los sitios con enterramientos clandestinos, evitando expolios, accidentes u otros hechos.

Como elemento especial, además, es importante que tres fenómenos singulares como la existencia de un penal en el Fuerte Alfonso XII o Fuerte de San Cristóbal, de dos campos de concentración (Pamplona e Iratxe) y de decenas de campos de trabajo forzado (dependientes de la Inspección de Campos de Concentración de prisioneros entre 1937 y 1940 y de la Jefatura de Batallones disciplinarios y Campos de Concentración entre 1940 y 1942) sean abordados normativamente, no sólo ya por la magnitud de la represión llevada a cabo en estos lugares, sino por las implicaciones que para muchas familias tienen tanto el Fuerte como los campos de concentración y de trabajo forzado.

Procede también, como ya se recogió en la Declaración del Parlamento de Navarra de 10 de marzo del 2003, que “las instituciones de Navarra pongan las condiciones para eliminar aquellos elementos simbólicos contrarios a la libertad y representativos de ese pasado que deseamos superar”. A este respecto, debe reiterarse y completarse lo establecido por la Ley Foral 24/2003, de 4 de abril, de Símbolos de Navarra en su disposición transitoria única y por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, en su artículo 15, dado que pese a los años transcurridos se mantienen todavía determinados símbolos que deben ser eliminados dado que constituyen una afrenta a las víctimas y a los valores de una sociedad democrática.

Es también objeto de esta Ley Foral recordar los hechos y reparar la memoria de las personas –mayoritariamente mujeres– que, aunque no fueran ejecutadas, sufrieron el castigo, la represión, la humillación pública y el repudio institucional de forma sistemática, planificada y con intención “ejemplarizante” por parte de los responsables del golpe militar en numerosos pueblos de Navarra.

Esta Ley Foral, por último, entiende el concepto de recuperación de la memoria histórica como el esfuerzo normativo para el reconocimiento público y la rehabilitación moral de las personas que fueron víctimas del golpe de estado franquista y la posterior Dictadura, para recuperar los restos de las personas desaparecidas y, en definitiva, para deslegitimar social e institucionalmente la Dictadura franquista.

Para leer completa esta ley, podemos hacerlo en el enlace: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/233/Anuncio-0/

TVE tiene sin emitir un filme de la conspiración contra la II República

El País, 17 de noviembre, 2013

'La Conspiración', que relata el golpe militar del general Mola, inauguró el 18 Festival de Cine Internacional de Ourense

En el golpe militar de 1936 que desencadenó la Guerra Civil, unos cardaron la lana pero otros se llevaron la fama. La Conspiración pone en su sitio al general Mola. Desde Pamplona dirigió una sigilosa conspiración maquinada contra la II República. La victoria y posterior dictadura fascista que ocupó el poder, puso a Franco en los altares y olvidó a Mola tras su muerte en un accidente aéreo supuestamente accidental. “Todo el mundo piensa que el artífice fue Franco, pero no hizo prácticamente nada. Es Mola el que tiene el copyright de un millón de muertos” asegura el director del filme. Pedro Olea ha querido reflejar esa trama en este thriller político que ayer abrió el Festival Internacional de Cine de Ourense. Pero TVE, que pagó gran parte del millón de euros que ha costado, no la emite “por motivos económicos”. Gestada durante el gobierno socialista, la película lleva año y medio esperando a que la actual dirección de la cadena pública impuesta por PP emita este filme histórico con guión de Elías Querejeta. “Insisto y nos dicen que les gusta pero que no la ponen por motivos económicos. Eso no se entiende porque Televisión Española fue el principal patrocinador económico de la película” explica Olea. “Como no se ponga en 2014 la armo” asegura. “Es parte de la nueva censura bajo la justificación del ahorro” insiste Manuel Morón, el actor protagonista en el papel del militar golpista.

La Conspiración también incomoda a la Iglesia Católica. Durante la maquinación del golpe fascista, Mola se reunió con dirigentes carlistas dentro de la Catedral de Pamplona. Cuando el equipo técnico pidió permiso para rodar esa escena en el interior del templo, además de un sonoro no se llevó de propina más trabas de los responsables eclesiásticos. "No solamente no nos dejaron rodar dentro de la catedral, sino que cubrieron la verja exterior que la rodea con posters y carteles para evitar que rodáramos una escena de Mola llegando al edificio en plena calle" explicó Olea. “¿Por qué queréis mezclar a la Iglesia en esto?” preguntaron los dirigentes de la diócesis pamplonesa según 

relatan los responsables del filme. “Es que la Iglesia se metió sola” responde el director.

PRESENTACIÓN EN ARCHENA DE EL HIJO DEL HERRERO

El pasado viernes, 15 de noviembre, se presentó en la Casa de la Cultura, de Archena, el libro "El hijo del herrero".Organizado el acto por el Ateneo de Archena, dentro del ciclo "Escritores en Archena", fue presidido por Pepe Hernández Escámez, en representación del Ateneo.

La presentación  del libro corrió a cargo de Diego Jiménez García, que incidió en los aspectos literarios e históricos de la obra.

En el diálogo posterior se abordaron temas candentes, como la oportunidad de la publicación de libros como éste, las características e insuficiencias de la Ley de Memoria Histórica, su cumplimiento e incumplimiento por parte de las administraciones públicas y la Querella Argentina.

En el enlace inferior se puede consultar el comentario de Diego Jiménez en el periódico La opinión, de Murcia.

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2013/11/19/hijo-herrero/514538.html

EL HIJO DEL HERRERO, EN ARCHENA

15 de noviembre de 2013: Presentación en Archena de "El hijo del herrero"

http://desdemicornijal.blogspot.com.es/2013/11/presentacion-del-libro-el-hijo-del.html

EL TITANIC VICTIMARIO ESPAÑOL

Artículo de Floren Dimas: 

EL TITÁNIC VICTIMARIO ESPAÑOL

(VÍCTIMAS, SEGÚN QUÉ VÍCTIMAS)

Sin entrar a valorar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena la aplicación de la Ley Parot por vulnerar un principio universal del Derecho, como es aplicar leyes con carácter retroactivo, una vez más, nos produce un sentimiento de infinita indignación, comprobar la instrumentalización de la memoria de unas víctimas, las del terrorismo, a las que se hace objeto de una amplísima batería de medidas reparadoras, a la memoria de los fallecidos, y para atender a los demás afectados, incluidos sus familiares, entre las que se incluyen indemnizaciones, atenciones médicas y psicológicas, puestos de trabajo, viviendas, becas, pensiones, homenajes, elevación de monumentos, dedicatoria de parques, plazas y calles, etc., sin dejar de señalar que ha sido el propio Estado, el que ha llamado, una a una (y no es una frase retórica) a las puertas de los afectados, para ofrecerles estos auxilios, y creando leyes y soportes administrativos para atenderles solícitamente.

Ha sido sorprendente la comprensión y complacencia, con la que los poderes e instituciones estatales, han venido recogiendo las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas del terrorismo, especialmente la AVT, fuertemente intervenida por el PP, incorporando muchas de sus pretensiones al BOE, subvencionándolas generosamente y permitiendo incluso que con estos fondos, se financien campañas de presión política para cambiar leyes, o para legislar “ad hoc” en función de sus particulares intereses.

El Estado Español, sus poderes e instituciones, se han volcado en la tarea de dignificar a estas víctimas, no solo de forma simbólica y testimonial, si no reconociendo jurídicamentesu condición de víctimas, y en consecuencia, aplicándoles las leyes reparadoras que contempla la legislación estatal e  internacional en materia de derechos humanos, empezando por la investigación de los crímenes, el señalamiento de sus autores y la aplicación de la justicia penal, eso que podíamos resumir con el lema “Verdad, Justicia y Reparación”.

Desde la necesidad y la justicia por las que estas medidas han sido aplicadas, lo que produce honda consternación y levanta una ola de silenciada protesta entre un amplio sector de españoles, es el desprecio y el olvido institucional por las otras víctimas, las del franquismo.

El gobierno socialista de Zapatero, promulgó en 2007 una ley, la de la Memoria Histórica, que además de no reconocer la condición jurídica de las víctimas del franquismo, relega al ámbito familiar o grupal su memoria individual y colectiva, dejando en manos privadas las exhumaciones de los asesinados –que borran las huellas judiciales de los crímenes al tratarse de exhumaciones extrajudiciales- sirviendo de coartada para la vigencia de una ley de impunidad y de punto final, como es la ley de Amnistía de 1977, en pleno vigor en la actualidad. Dicha ley, establece un plano de insoportable igualdad y equidistancia entre las víctimas y los verdugos, fundiéndolas en una casuística bélica, que repugna la más elemental conciencia del derecho y la moral.

Cada vez que los medios de comunicación, levantan apasionadas campañas informativas para exaltar la memoria de las víctimas del terrorismo, se levanta otra ola –silenciada por los medios- de la misma magnitud de indignación y de impotencia, entre las otras víctimas y sus familiares, las del franquismo, y entre éllas los 130.000 republicanos españoles asesinados, cuyos nombres y demás datos constan en la Audiencia Nacional, sin que ninguna familia haya recibido una carta del Gobierno interesándose por el caso, y sin que ningún parque ni calle de Madrid, ni de ninguna población española, se acuerde de estas víctimas de tercera categoría.

Para terminar, cabe dirigir un severísimo reproche a TODAS las asociaciones de víctimas del terrorismo, por su egoísmo sectario.

Desde que estas asociaciones aparecieron en la palestra mediática, no se ha escuchado jamás a ningún miembro destacado de las mismas, una sola palabra de recuerdo ni de compasión, hacia las víctimas de la dictadura de Franco.

Ni una sola  palabra.

Una miseria moral difícil de entender, en quiénes saben lo que es el sufrimiento por la pérdida injusta de un ser querido, asesinado en nombre de una causa que utilizó métodos criminales, para hacer valer sus razones políticas e ideológicas.

Mientras el Gobierno del PP, escucha y apoya a las víctimas del terrorismo, y legisla y pergeña atenciones de todo tipo para acompañarlas en su dolor, las “otras víctimas”, las de Franco, son despreciadas y olvidadas social e institucionalmente, incurriendo, como lo hace la Justicia española en un acto de prevaricación continuada, omitiendo el deber de socorrerlas con la misma entrega y servidumbre, con que lo hace para con estas víctimas de lujo de la democracia española.

Floren Dimas

25 de octubre de 2013

Calabardina-Águilas.

¿HASTA CUÁNDO?

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/30/madrid/1380567359_221433.html

En el Colegio Público Príncipe de Asturias, de Quijorna se vendieron y exaltaron símbolos fascistas en un mercadillo cuya inauguración fue presidida por la alcaldesa de dicha localidad.
Pedéis leerlo en el enlace de la parte superior de la página