Este verano,
a ochenta años del golpe de estado, desencadenante de la Guerra de España, está
resultando pródigo, no únicamente en conmemoraciones de diversos
acontecimientos sucedidos en esas fechas, sino en declaraciones ponzoñosas por
parte de herederos/as del régimen franquista y de acciones revanchistas contra
las decisiones de los ayuntamientos democráticos en lo relativo al cumplimiento
de la Ley de Memoria Histórica en materia de honores y denominaciones
franquistas.
Así, los
nombres de golpistas eliminados del callejero, vuelven, en varias localidades,
a ser repuestos, en lo que constituye una burla cruel y macabra hacia sus
víctimas.
En el ámbito
de las declaraciones, (vuelta la mula al trigo) escuchamos de nuevo a los
pregoneros de la suprema falacia ibérica afirmar y reafirmar, como si en los
años cuarenta y cincuenta nos volviéramos a encontrar, las reiteradas mentiras
acerca de la justificación del ataque al estado de derecho en julio de 1936, o,
por otro lado, la versión más edulcorada, pero igual de falsa y mendaz, en
cuanto a que “lo mismo hubo crímenes en uno que en otro lado” o a que “se nos
quiere ofrecer, por la parte derrotada, una versión sesgada de la historia”.
Tengo ahora
en mente a Pedro J. Ramírez y sus declaraciones radiofónicas acerca de la
conmemoración del asesinato en el 5 de agosto de Las Trece Rosas; pero tengo,
también, a quienes protestaron por la eliminación de los bustos de los asesinos
Bastarreche y López Pinto y el monumento del yugo y las flechas en el municipio
cartagenero, y a quienes dijeron en esa ocasión que “a ver si ahora van a
quitar los nombres de los de un bando para poner a los del otro”, y recuerdo
cuando, hace varios años, cierta persona me expuso la manera en que el hijo de
sus cuñados, en una discusión con su padre, en la que se mostraba partidario
del reconocimiento y reparación a las víctimas de la dictadura, respondió a lo
que éste le planteó – que por qué no defendía lo mismo para los del otro bando
que también fueron víctimas – que “ésos no lo necesitaban”. Y esta persona, que
me lo contaba cargada de razones, para resaltar la parcialidad del chico, no
daba crédito a que yo, una persona de edad cercana a la suya, a la que
consideraba sensata e imparcial, le diera la razón al muchacho.
Voy a
deciros algo:
Estoy harta
de ser madura, sensata, educada e imparcial. Estoy harta de explicar las cosas
con paciencia, de tratar de hacer pedagogía ante quienes sé que no me escuchan,
que no atienden mis razones, y que no siguen el hilo de los razonamientos, por
muy fundamentados que estén, porque hace ya mucho, pero que mucho tiempo que se
apoltronaron en sus inamovibles posiciones.
Hace tiempo
que dejé de esforzarme en discutir con quien no merece que invierta mi tiempo
en ello, y por eso, lo que voy a exponer, no va dirigido a esa gente, sino a
vosotras, a vosotros, que sí que estáis dispuestos a escuchar, a leer, a
razonar antes de emitir un juicio. Y por si a alguien le viene bien refrescar
un poco la memoria con algunos datos, traigo hasta aquí respuesta a esas
afirmaciones acerca de que “todos fueron iguales” o de que “las mismas cosas
hicieron los unos que los otros”
PRIMERO: Los muertos de los
republicanos no fueron tratados del mismo modo que los muertos de los
golpistas.
Una vez
terminada la guerra, e incluso durante ella, el estado franquista se fijó como
objetivos:
1: La
búsqueda de sus muertos.
2: La
exhumación, traslado e inhumación de sus combatientes muertos en campaña.
3: La
búsqueda de sus desaparecidos.
4: La
inscripción en el Registro Civil como fallecido o desaparecido de sus
combatientes.
Mientras los
vencedores llevaban a cabo medidas para poner en práctica estos objetivos, los
combatientes republicanos caídos en combate, no sólo permanecieron en paradero
desconocido, sino que ni siquiera se les concedió que sus familiares pudieran
inscribirlos en el registro como tales.
En cuanto a los ejecutados, a los muertos por
consecuencia de las torturas, a las víctimas de los paseíllos… ¿qué decir que se
desconozca? Fosas comunes, enterramientos en cunetas, arrojados al mar, o
trasladados sus cadáveres a Cuelgamuros sin permiso de sus allegados… todos los
muertos no son iguales; y mientras que unos recibieron honores, otros, ni
siquiera pudieron ser llorados en público por sus familiares; incluso en
algunos casos, se negó su fallecimiento con el mayor descaro, con el mayor
cinismo posible (véase, por ejemplo, en mi libro “El hijo del herrero” el caso
de mi abuelo, en que, aun habiendo aparecido su cadáver, se continuó negando
por las autoridades la evidencia de su muerte, alegando que había huido al
extranjero, y acusando a mi abuela de farsante, de comediante, e incluso amenazándola
con llevarla a la cárcel, junto con sus hijos, si no se quitaban el luto).
Pero
volvamos a las medidas tomadas respecto a los muertos franquistas: al principio
de la guerra, en ambos frentes se enterraba a los muertos en combate en algún
cementerio de un pueblo próximo, salvo en el caso de un número elevado de
bajas, en el que se utilizaban grandes fosas comunes, debidamente señalizadas,
inhumaciones que se llevaban a cabo con todos los honores y procediendo a su
correspondiente inscripción de la defunción en el Registro Civil (en caso de
personajes notables –Durruti en el frente republicano, o Mola en el rebelde,
por ejemplo – se trasladaban a sus lugares de origen donde se les organizaban
funerales que eran auténticos actos de masas) pero el nuevo régimen adoptó
otras medidas: la búsqueda de sus muertos era prioritaria , y para ello, bajo
la supervisión de Serrano Súñer, y dependiendo del Ministerio de Interior, se
puso en marcha el enorme aparato estatal de agitación y propaganda que supuso
el “culto a los caídos”. En la medida en que los avatares de la guerra lo
fueron permitiendo, y en los primeros momentos
después de la victoria, dispusieron que los muertos en campaña fueran
trasladados a sus lugares de origen, donde eran inhumados con todos los honores.
Se dispusieron exenciones municipales por las inhumaciones, exhumaciones y
traslado de los cadáveres de los combatientes franquistas, y las mayores
facilidades para sus familiares; ningún impedimento legal para llevarlo a cabo.
En el caso de las fosas comunes, por una Orden Ministerial de 23 de abril de 1940
(orden firmada por el cuñadísimo) se dispuso que se consideraran tierra
sagrada, al cuidado de los ayuntamientos, a los que se les pedía que adoptaran
las medidas necesarias para garantizar el respeto a los lugares en que
reposaban los restos de las víctimas de la “revolución marxista”. Se trataba de
un elemento más en la política de adoctrinamiento de las masas, de la que
también formaron parte las beatificaciones y canonizaciones, los nombres de las
vías y edificios públicos y la erección de monumentos, placas conmemorativas y
concesión de honores (medallas de la ciudad, títulos de hijos predilectos, mayordomías
de cofradías, etc…)
Y no acabó
ahí todo: La orden de 23/4/40 suponía la obligatoriedad para los propietarios
de los terrenos en que se encontraban las fosas comunes de los rebeldes de
permitir su acotamiento sin derecho a indemnización, sin derecho a reclamación,
y asimismo, los ayuntamientos tenían que rendir cuenta del cumplimiento de la
Orden a los gobernadores civiles.
Reitero:
todos los muertos no fueron iguales. Mientras que los familiares de los
combatientes gubernamentales muertos ignoraban el paradero de su sepultura,
mientras que los seres allegados a las víctimas de la represión a partir del 1
de abril de 1939, ignoraban el paradero de los restos de sus familiares, los
denominados “caídos por Dios y por España” estuvieron localizados en todo
momento por las autoridades, lo que suponía que, si en algún momento los
familiares de los “mártires de la cruzada contra el marxismo” reclamaban sus
restos, podían hacerlo sin ningún tipo de trabas.
El culto a
los caídos supuso un elemento simbólico
tan notable para el franquismo, que el caudilloporlagraciadedios invirtió la
friolera de 353 millones de euros en honrarlos (la actualización a la economía
presente de los 1.086,46 millones de pesetas de entonces).
Sus
herederos alardean de no invertir ni un solo euro en subvencionar la búsqueda
de las fosas comunes de los republicanos; los mismos que ironizan llamando
buscahuesos a los miembros de las asociaciones memorialistas, los mismos que se
refocilan llamando carcas a quienes “siempre están con la guerra del abuelo y
la fosa de no sé quién” no tuvieron necesidad de que se publicara una Ley de
Memoria Histórica de los vencedores; ya se la organizó el franquismo, sin
reparar en gastos.
Todos los
muertos no son iguales. En los registros no se inscribieron todas las muertes
de los republicanos, a causa del miedo: miedo a tratar con los empleados del
juzgado o del ayuntamiento; miedo a las represalias por ser familiar de “un
rojo”; miedo a pedir a nadie que testificara sobre la muerte, para que no se
comprometiera… y mientras que menos de la mitad de las muertes de republicanos
se inscribieron, las autoridades ponían un escrupuloso cuidado en que la
totalidad de sus desaparecidos y sus muertos se inscribieran en el censo, con
la frase “Muerto gloriosamente por Dios y por España”
SEGUNDO: Los combatientes franquistas
y sus familiares gozaron de una gran serie de prebendas económicas:
1: Pensiones
para los familiares de civiles y militares.
2: Subsidios
para las familias de combatientes civiles.
3: Subsidios
para los excombatientes y sus familias.
4: Jornales,
pensiones y privilegios para los miembros de la División Azul.
El
franquismo se empleó a fondo para implantar en el país una nueva estructura
socioeconómica tras la guerra, mediante privilegios, ayudas y prebendas para
afectos y soldados “nacionales” y posiciones de dominio para los industriales y
financieros que apoyaron la sublevación, mientras los republicanos veían
esfumarse sus patrimonios a base de incautaciones.
La incautación
de patrimonio, tierras y negocios a los derrotados se centralizó a partir de
1937 por la Comisión Central de Bienes Incautados; al mismo tiempo se sucedían
las multas, destierros y otras sanciones, mientras se repartían privilegios a
los vencedores.
Desde marzo
de 1938, el artículo 16 del Fuero del Trabajo reservaba “a la juventud combatiente los puestos de trabajo de honor o de mando”
a “los que tienen derecho como españoles
y han conquistado como héroes”
El 13 de
octubre de1939, apenas tomada posesión como jefe del Estado fascista, Franco
firmó el decreto por el que se fijaron las normas para la concesión de
pensiones a favor de los familiares de
jefes, oficiales y clases del ejército desaparecidos con sospecha de que hubieran
sido muertos por los republicanos, por un importe del 50 % del sueldo que con
anterioridad disfrutara el causante. Esto quedó institucionalizado definitivamente
según la O.M. de 29/4/1940, por la que se conceden pensiones a favor de los
familiares de los militares desaparecidos.
Las
pensiones para mutilados y familias de fallecidos, salían de la venta de
tabaco, café y perfumes y de la venta de entradas a los espectáculos (se
llevaban un 10%). A esto se sumó el reparto de viviendas y la reconstrucción, a
cuenta del Estado, de los negocios dañados.
Además, se conceden
subsidios para los combatientes civiles y los familiares de civiles afectos al
régimen, y se toman medidas para garantizar a este colectivo el puesto de
trabajo.
Así, hasta
1939 se reservaba el 80 % de los empleos públicos que se convocaran y de las
vacantes de las empresas privadas para los excombatientes y sus familiares,
para los heridos de guerra, familiares de los fallecidos en combate, excautivos
y mutilados de guerra.
A partir de entonces, se reservó la mitad de los empleos para
estos mismos colectivos; pero llegado un momento, había que hacer sitio también
en los empleos públicos para sus hijos, por lo que, a partir de 1947, se redujo
el porcentaje, quedando en una reserva del 28 % para los afectos al régimen. Y
no quedó en esto, sino que se creó un nuevo filón de empleos, al dejar en
exclusiva para los excombatientes y sus familias la concesión de los estancos,
las gasolineras y las administraciones de lotería.
La Ley de 22 de julio de 1939 dice en su preámbulo: “La concesión de Administraciones de Loterías
y de Expendedurías de productos monopolizados constituye uno de los medios
adecuados para cumplir el deber de los que han luchado en los campos de batalla
o sufrido más directamente las consecuencias de la guerra y de la barbarie
enemiga. Es misión propia del Estado remediar así en lo posible las inevitables
desigualdades producidas entre los españoles por dichas causas, procurando que
aquéllas a quienes éstas afectaron con mayor intensidad, muchas veces por ser
los que de modo más entusiasta y activo se unieron al Movimiento Nacional no
carezcan de los recursos necesarios para su sostenimiento”. Y en su
artículo 2º expresa: “Tendrán derecho de preferencia
a las administraciones de Loterías y Expendedurías de la Compañía Arrendataria
de Tabacos las viudas y huérfanas solteras de los fallecidos en el frente de
batalla o a consecuencia de las heridas recibidas en el mismo; de los
asesinados bajo dominación marxista por su adhesión a la Causa Nacional; o de
los que prestaron al Movimiento relevantes servicios. Esta prelación se
entenderá sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder a los Mutilados
de Guerra por la Patria, con arreglo a lo prevenido en el Reglamento de dicho
Benemérito Cuerpo, aprobado por Decreto de 5 de abril de 1938”
Mientras tanto, los familiares de republicanos carecían de
pensión, los represaliados perdieron su puesto de trabajo, y una multitud de
familias quedó condenada a la mendicidad o, en el mejor de los casos, a vivir a
expensa de la solidaridad de personas próximas que se encontraran con unas ligeras
posibilidades por encima de las suyas. Miles de niños y niñas acudían a los
comedores del Auxilio Social; un 60 % de las familias se vio obligado a vender
las pocas pertenencias que les quedaran para poder sobrevivir, y muchas de
ellas quedaron reducidas a la situación de pobres vergonzantes.
Si todos los muertos no eran iguales, todos los vivos eran
menos iguales todavía.
Por eso, cuando pedimos reparación para las víctimas del
franquismo, no estamos dispuestos a escuchar que todas ellas fueron/eran/son
iguales; las suyas ya recibieron la reparación, ya recibieron los honores, ya
fueron veneradas durante más de dos generaciones. Por eso, para todas las
víctimas del franquismo, no dejaremos de pedir VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, y
garantías de NO REPETICIÓN.
Parte de estos datos extraídos de:
“La Memoria Histórica de los vencedores de la
guerra civil”, de Mariano Maroto García (ciudadanosporelcambio.com)
“El régimen franquista adjudica a sus
partidarios la venta de tabaco y loterías en Barcelona”, de Marc Pons (El
Nacional.Cat)
“La otra victoria de los excombatientes:
empleo y dinero en un país hambriento”, de Eduardo Bayona (Público)
