Lesa humanidad: la jueza Servini de Cubría ordenó la detención de 20 imputados por crímenes cometidos durante el franquismo
La magistrada, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, encomendó a la Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria
http://www.telam.com.ar/notas/201410/83728-servini-de-cubria-ordeno-detener-a-20-imputados-espanoles-por-crimenes-del-franquismo.html
Carro Martínez |
De esta forma, Servini ratificó lo
sostenido al ordenar las cuatro primeras detenciones en la causa el año pasado
en lo referido a los argumentos para sostener "la jurisdicción" de
Argentina "para juzgar los hechos que motivaran" la querella criminal
por homicidios, secuestros, torturas y robo de bebés durante la dictadura
franquista en España.
La decisión recayó sobre Antonio Carro Martínez, José Utrera Molina, Fernando Suarez Gonzalez, Jesús Cejas Mohedano, quienes fueron autoridades de la época y ex miembros del Consejo de Guerra del franquismo y policías.
Además, se pidió la detención de Licino de La Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez, Licino De La Fuente, Ventura Pascual, Alfonso Osorio Garcia, Jesús Quintana Saracibar, Rodolfo Martín Villa, Antonio Troncoso de Castro y Carlos Rey Gonzalez. Jesús Gonzalez Reglero, Ricardo Algar Barrón, Felix Criado Sanz, Pascual Honrado De La Fuente Reglero, Jesús Martinez Torres, Benjamín Solsona Cortes y Atilano del Valle Oter, entre otros.
En la resolución se les adjudican distintos tipos de delitos a los acusados, desde homicidio, hasta secuestros, tortura y sustracción de un recién nacido según el caso, todos cargos que contemplan penas de prisión elevadas y de cumplimiento efectivo.
En varios casos la jueza imputó a los buscados por
homicidio agravado, que prevé penas de reclusión o prisión perpetua.
En su viaje a España, en el mes de junio, Servini de Cubría logró interrogar a las "víctimas y querellantes en el proceso argentino, que por su edad o condiciones no pueden viajar a Buenos Aires a prestar declaración ni trasladarse a cualquiera de los consulados argentinos".
Con el motivo de recabar "pruebas y documentación sobre los crímenes franquistas en diferentes entidades y archivos de la nación española" y "tiene previstas reuniones con representantes de diversas instituciones del Estado español".
Esta causa se originó por una denuncia penal que el 14 de abril de 2010 radicaron en la Justicia federal argentina el hijo de un gallego fusilado en 1936 y la sobrina nieta de dos hombres ejecutados en 1937, a esta primera denuncia se le fueron sumando querellantes, hasta llegar a ser "entre 150 y 200", según confió la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo ( Ceaqua).
Por lo que también se presentaron como
querellantes la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de
Plaza de Mayo, Liga por los Derechos del Hombre, Comisión Provincial por la
Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios
Sociales y Legales(CELS), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Federación
de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Comité de Acción
Jurídica.
La decisión recayó sobre Antonio Carro Martínez, José Utrera Molina, Fernando Suarez Gonzalez, Jesús Cejas Mohedano, quienes fueron autoridades de la época y ex miembros del Consejo de Guerra del franquismo y policías.
Además, se pidió la detención de Licino de La Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez, Licino De La Fuente, Ventura Pascual, Alfonso Osorio Garcia, Jesús Quintana Saracibar, Rodolfo Martín Villa, Antonio Troncoso de Castro y Carlos Rey Gonzalez. Jesús Gonzalez Reglero, Ricardo Algar Barrón, Felix Criado Sanz, Pascual Honrado De La Fuente Reglero, Jesús Martinez Torres, Benjamín Solsona Cortes y Atilano del Valle Oter, entre otros.
En la resolución se les adjudican distintos tipos de delitos a los acusados, desde homicidio, hasta secuestros, tortura y sustracción de un recién nacido según el caso, todos cargos que contemplan penas de prisión elevadas y de cumplimiento efectivo.
Suárez González |
En su viaje a España, en el mes de junio, Servini de Cubría logró interrogar a las "víctimas y querellantes en el proceso argentino, que por su edad o condiciones no pueden viajar a Buenos Aires a prestar declaración ni trasladarse a cualquiera de los consulados argentinos".
Con el motivo de recabar "pruebas y documentación sobre los crímenes franquistas en diferentes entidades y archivos de la nación española" y "tiene previstas reuniones con representantes de diversas instituciones del Estado español".
Esta causa se originó por una denuncia penal que el 14 de abril de 2010 radicaron en la Justicia federal argentina el hijo de un gallego fusilado en 1936 y la sobrina nieta de dos hombres ejecutados en 1937, a esta primera denuncia se le fueron sumando querellantes, hasta llegar a ser "entre 150 y 200", según confió la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo ( Ceaqua).
Utrera Molina |
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